Chile se sumó a la coalición impulsada por Donald Trump con un texto que el Gobierno de José Antonio Kast define como político y no vinculante. Sin embargo, la declaración habla de sanciones, congelamiento de activos y de una eventual acción colectiva bajo el Tratado de Río. El canciller Pérez Mackenna fue interpelado por primera vez en la historia del cargo, y el debate se centró en la soberanía. Los efectos jurídicos y operativos de la adhesión quedaron, en buena parte, sin respuesta.



















