Nuestro medio lanza su primera campaña de suscripciones en más de cinco años. En un mundo comandado por Trump, Netanyahu, Milei y Kast, apuntalar a la prensa independiente es más importante que nunca. Lo que está en juego es, nada más ni nada menos, la democracia.

El ex número uno de la institución declaró durante tres horas ante la ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio, en la arista “Pasajes y Fletes” por viajes que realizó al extranjero durante su paso por la institución. En paralelo, siguen avanzando tanto en la justicia militar como civil otras aristas del denominado Milicogate que involucran a otros excomandantes en Jefe; Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

El gobierno designó a Sinclair como embajador ante la Santa Sede. Hijo del general Santiago Sinclair Oyaneder -ex integrante de la Junta Militar condenado por crímenes de lesa humanidad- su perfil omite que figuró como encargado de destruir los documentos que ligaban a Cancillería con la CNI. Desde la AFEP, afirman que informarán al Papa León XIV.

La Tesorería General de la República ejecutó embargos sobre cuentas bancarias de deudores morosos del CAE, vaciando en algunos casos la totalidad de los fondos disponibles. La medida, ordenada por el ministro Quiroz, desató denuncias masivas en redes sociales, críticas transversales desde la oposición y una disputa legal abierta en los tribunales sobre si el procedimiento es siquiera legal.

A través de comunicaciones por WhatsApp, se ha expuesto una colaboración sostenida entre el abogado Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, nombrado recientemente por el Presidente José Antonio Kast como el nuevo representante diplomático de Chile en Israel. Estos registros evidencian una estrategia conjunta de larga data orientada a influir en la conformación de ternas judiciales y en el desarrollo de procesos ante los tribunales superiores de justicia, lo que significó una denuncia a la Fiscalía por parte de parlamentarios de la oposición.

En este contexto, expertos advierten sobre el avance de la minería ilegal, el crimen organizado, proyectos de ley que amenazan los océanos y la violencia contra pueblos indígenas como los desafíos que los mandatarios tendrán que afrontar. 

Bajos niveles de fiscalización de las operaciones de importaciones y exportaciones, demoras de cientos de días para presentar denuncias sobre irregularidades en el ingreso y salida de mercancías, equipos tecnológicos como camiones escáner sin utilizar durante largos tiempos y falta de registros sistematizados de mercancías incautadas, son algunas de las irregularidades que detectó la Contraloría en nueve direcciones regionales del Servicio Nacional de Aduanas. 

El conflicto por el proyecto de tierras raras de la empresa canadiense Aclara Resources en Penco ya no puede entenderse solo como una controversia ambiental local. Lo que ocurre hoy en esta comuna del Biobío expresa una disputa mucho más profunda y de alcance internacional: la ofensiva extractivista impulsada por el Norte Global para asegurar el control de los llamados “minerales críticos”, en medio de la transición energética y de la creciente disputa geopolítica entre Estados Unidos y China.

La iniciativa busca crear una nómina de personas condenadas por delitos e incivilidades que perderían beneficios estatales y quedarían impedidas de realizar diversos trámites. Mientras el gobierno la presenta como una herramienta para enfrentar el deterioro de la convivencia, exautoridades y expertos advierten posibles conflictos constitucionales y cuestionan el uso de beneficios sociales como mecanismo de castigo.

Durante su Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast defendió la reducción de tiempos de evaluación ambiental y cuestionó lo que denominó “maraña de permisos y reclamaciones” que, a su juicio, obstaculizan la inversión. Esta narrativa instala la idea de que la institucionalidad ambiental constituye una traba burocrática y no una garantía democrática de protección ecosistémica y participación ciudadana.

El mandatario puso el énfasis en una batería de proyectos y la calificación de urgencias para la tramitación en el Congreso, mientras que manifestaciones en su contra se desarrollaron tanto en Valparaíso como en Santiago.